El 13 de septiembre de 1695, el Obispo de Solsona redactaba un manifiesto a favor de la ciudad de Zaragoza y en contra de la decisión tomada por su Arzobispo.
Desde tiempo inmemorial contaba la ciudad con el privilegio de poner precio a la carne que se despachaba en carnicerías y abastos. El procedimiento era el siguiente: las autoridades locales compraban el ganado al por mayor al precio más barato posible y luego lo revendían al detalle a los expendedores a un precio mas alto, de tal forma que las ganancias obtenidas se destinaban a la administración de este servicio y a compensar las posibles pérdidas que se producían en los meses de invierno cuando las reses enflaquecen.
Y como es constante en buena Teología que todas las cosas vendibles tienen tres precios: uno ínfimo, otro mediano y otro supremo....., Zaragoza tenía plenos poderes para señalar el precio supremo a la carne, mayormente cuando hay o se teme penuria..... y dar a los vendedores tanta parte de este precio que sea para ellos ínfimo o mediano...y retenerse la parte que queda hasta la raya del precio supremo.
Parece, pues, que en estos años finales del siglo XVII, el Arzobispo de la ciudad consideraba que el margen de ganancia establecido (10 dineros por libra de carne) excedía lo razonable y repercutía de forma muy negativa en la maltrecha economía del consumidor final. Por tal motivo, se opuso en rotundo a que los administradores fijaran una ganancia tan abusiva, ya que bien podía considerarse sisa y no margen comercial (ellos mismos reconocían que el precio no es injusto, aunque sí más que moderado...).
Como sus peticiones al respecto no fueran atendidas, optó por la vía extrema y excomulgó a los cuatro integrantes de la comisión encargada de ajustar los precios. De esta forma, D. José Hospital, D. José Bellido, D. Diego José de Torres y D. Manuel Logroño se vieron condenados al mas horrible castigo que se podía infligir a un católico.
La repercusión social y la repulsa general de la ciudadanía ante un hecho sin precedentes en Zaragoza, dio lugar a que el obispo de Solsona, conocido defensor de las teorías del liberalismo económico, saliera en defensa de los acusados y reprobara la actuación del Arzobispo Diego de Castrillo a través de un memorial, no demasiado extenso, para cuya redacción se tomó su tiempo. Conviene aclarar que cuando dio por finalizado el documento, los excomulgados habían sido perdonados y repuestos a la feligresía. El Arzobispo Castrillo había fallecido unos años antes..........
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