La escasa luz y la estrechura de las  calles de Toledo contribuían a empeorar las  condiciones de salubridad del vecindario.  Los lodos y otras viscosidades en invierno y el excesivo polvo y otras inmundicias  que dan malos olores  en verano, acabaron por constituir un problema de salud pública que requería actuar con urgencia.

Los representantes de la vecindad, con su Corregidor Pedro de Castilla a la cabeza,  daban a conocer  en 1497 a los Reyes Católicos, la mucha necesidad que hay en remediar e reparar las calles públicas de esta ciudad,  con el fin de que su Real Consejo autorizara las obras y estableciera el modo de financiación de las mismas.

Que si establecer una sisa sobre el género que mas conviniera, que si destinar parte de los ingresos por  propios   a costear el saneamiento, que si no convenía demorar el inicio de las actuaciones...Lo cierto es que los trámites  burocráticos, también en aquél  entonces,  llevaban su tiempo y hasta el 23 de diciembre de 1502 no se expedía la Cédula correspondiente con las instrucciones a seguir. 

En ella se ordenaba que se construyeran madres para todos los caños, de forma que las aguas  sucias  pudieran discurrir sin anegar toda la calle.

En vez de ladrillar con ladrillo de canto como se había previsto y tras constatar  la mala calidad del mismo, se procedería a empedrar  por cuestiones prácticas de durabilidad.

El coste total sería asumido por los propietarios de los edificios  a razón de metros de fachada,    haciendo los trabajos  ellos mismos  o contratando a terceros.

 El Cabildo de Toledo correría con los gastos de los  edificios pertenecientes a Iglesias, Monasterios, Hospitales o Casas de Beatas. Con el fin de agilizar las cosas y dando por supuesto que los eclesiásticos no iban a  doblar el lomo para cavar las zanjas aledañas a  sus edificaciones, se acordó contratar a destajo a quien más barato e mejor lo hiciera. Para ello el Cabildo depositaría una fianza de 10.000 escudos, de donde se irían  detrayendo las cantidades correspondientes a material y salarios de los trabajadores , imponiéndose la necesidad de  hacer cuentas al final del proceso.

El saneamiento y empedrado de las plazas y otros lugares públicos, donde no existieran edificios privados, sería costeado con los ingresos procedentes de propios. Aunque la ley del momento no consentía gastar al año más de 3.000 mrvs del dinero de propios en salarios,  en este caso se haría una excepción permitiendo un gasto mayor siempre que  fuera necesario, con el único fin de acortar, en lo posible, el tiempo de trabajo.

Por último, dos personas nombradas por el estado eclesiástico y otras dos por las autoridades civiles, ejercerían como supervisores para garantizar la correcta y rápida ejecución de las obras.